27Julio2017

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Hasta 12 años de prisión a funcionarios que condicionen programas sociales

 
Tapachula (interMEDIOS).- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) informó que de acuerdo a la legislación penal, el condicionamiento de programas sociales por servidores públicos puede ser sancionado de 2 a 12 años de prisión; en tanto que la alteración del Registro Federal de Electorales, hasta siete años.
Respecto al condicionamiento de titulares del programa federal Prospera al informe del Senador Roberto Albores Gleaso (RAG) el pasado sábado en Tuxtla Gutiérrez, el Director General Adjunto de Servicios Legales y Dictámenes de la FEPADE, Luis Espíndola Morales que se recaban todas las evidencias del acarreo para la aplicación de las sanciones.
Dijo que la fiscalía documenta plenamente los hechos para conducir una investigación seria, confiable y fidedigna, sobre todo porque el condicionamiento de programas sociales y el uso indebido de recursos públicos en cuestiones electorales, son tipificados como delitos en la materia, ya que son dañinos y lesivos al sistema democrático del país.
“Tenemos la documentación de los hechos para hacer las investigaciones pertinentes para actuar de manera fidegna, ya que la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que el condicionamiento de programas sociales es sancionado con cárcel” sostuvo.
Señaló que gracias a las nuevas legislaciones, las investigaciones de los delitos electorales ya no solo se documentan a través de denuncia presencial, sino ahora la población lo puede hacer vía telefónica o por las redes sociales en donde se pueden incluir archivos de voz, imágenes, videos y relatorías, incluso ya se cuenta con una aplicación Fepade-Móvil, en teléfonos inteligentes donde en tiempo real se pueden subir los hechos a las plataformas y hasta geo-referenciar los lugares donde se cometen, aparte de informaciones periodísticas en los medios tradicionales.
Detalló que los principales delitos electorales que se comenten en México son, el condicionamiento de programas sociales, uso indebido de recursos públicos, la compra y coacción del voto, la presión en el electorado, la destrucción de materiales electorales, la alteración del Registro Federal Electoral y la intervención de ministros de culto en cuestiones electorales, entre otros. (iM rrc)